La plataforma Por una Justicia Independendiente ha presentado ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) un recurso por omisión contra la Comisión Europea. La acción cuestiona que Bruselas no haya establecido un plazo para que España adapte el sistema de designación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a los estándares comunitarios.
Se trata de la primera demanda basada en el artículo 265 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) que denuncia la inactividad de la institución comunitaria en este asunto. El recurso llega después del requerimiento formal que el colectivo entregó ante la Representación de la Comisión Europea en España el pasado 31 de julio.
Recurso por la falta de respuesta de la Comisión
El escrito, presentado el 2 de noviembre y al que ha tenido acceso ABC, sostiene que la Comisión Europea ha recomendado de forma reiterada a España, en sus informes sobre el Estado de Derecho de 2024, 2025 y 2026, modificar el procedimiento para designar a los doce vocales de procedencia judicial del CGPJ.
Según la demanda, la Comisión no ha concretado una fecha límite ni un calendario para aplicar esa recomendación. La plataforma entiende que esta ausencia de plazos prolonga una situación pendiente de resolución y convierte las recomendaciones europeas en meras declaraciones sin efectos prácticos.
En el requerimiento formulado en julio, Por una Justicia Independendiente pidió a la Comisión que expresara su posición sobre la eficacia del seguimiento realizado. Tras superar los dos meses previstos en el artículo 265 del TFUE sin recibir respuesta ni una postura institucional definida, la parte demandante considera acreditada la inactividad que permite acudir al TGUE.
Qué solicita la plataforma al Tribunal de Luxemburgo
La demanda precisa que no pretende que la Justicia europea legisle en España, anule la actual Ley Orgánica 6/1985 ni imponga al Estado español una fecha para aprobar la reforma. Tampoco reclama que se obligue a la Comisión Europea a abrir un procedimiento de infracción conforme al artículo 258 del TFUE.
El objetivo concreto del recurso es que el tribunal declare que la Comisión incurrió en una omisión contraria a los Tratados al no contestar a la petición de definir su postura sobre el seguimiento de la reforma.
Los estándares europeos sobre los consejos judiciales
Para fundamentar su iniciativa, la plataforma cita los informes de la Comisión de Venecia, de octubre de 2025, y del Greco, organismo del Consejo de Europa. Ambos señalan que, para preservar la independencia respecto de los poderes políticos, al menos la mitad de los integrantes de los consejos judiciales debe ser elegida por sus propios compañeros.
El recurso también distingue entre el acuerdo alcanzado en 2024 para renovar el CGPJ —escenificado en Bruselas con una imagen del ministro Félix Bolaños, González Pons (PP) y el entonces comisario Reynders— y el proceso posterior dirigido a reformar el sistema de elección de sus vocales.
Dos propuestas sin consenso en el CGPJ
El CGPJ está integrado actualmente por veinte vocales: doce procedentes de la carrera judicial y ocho juristas. Todos ellos son nombrados por el Congreso y el Senado.
El pacto que permitió renovar el órgano después de cinco años de bloqueo encargó al nuevo CGPJ elaborar un informe sobre los modelos europeos y redactar una propuesta de modificación del sistema de elección de los doce vocales judiciales. El organismo tenía un plazo improrrogable de seis meses desde la entrada en vigor de la ley para consensuar y trasladar el documento al Gobierno y a las Cortes Generales.
Además, para garantizar un respaldo interno amplio y evitar que una propuesta saliera adelante con el apoyo exclusivo de uno de los bloques, el acuerdo exigía que el documento final fuera aprobado por una mayoría de tres quintos de los vocales.
Sin embargo, la falta de entendimiento entre ambos sectores dio lugar a dos textos diferentes. El bloque conservador planteó una fórmula alineada con la recomendación europea de apartar al Parlamento de la elección de los doce vocales jueces. Por su parte, el bloque progresista mantuvo el control parlamentario sobre el nombramiento definitivo, aunque incorporaba una mayor participación de la carrera judicial.
Más de dos años sin una reforma aprobada
Han transcurrido más de dos años desde aquel compromiso sin que la reforma se haya materializado. Hace unas semanas, el Gobierno y sus socios rechazaron una proposición de ley del Grupo Popular que avanzaba en la dirección de las recomendaciones europeas.
En el ámbito jurídico se considera que, sin una intervención de Bruselas, la situación del Consejo podría mantenerse y continuarían los cuestionamientos sobre los nombramientos de la cúpula judicial, en manos de dos bloques considerados politizados.
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