José Masip asume la presidencia de la ACdP con el reto de rejuvenecerla y reforzar su presencia pública

José Masip asume la presidencia de la ACdP con el reto de rejuvenecerla y reforzar su presencia pública

José Masip (Castellón, 1957) ha asumido, a sus 69 años, la presidencia de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Abogado en ejercicio y vicepresidente durante los ocho años del mandato de Alfonso Bullón de Mendoza, llega al cargo con una voluntad de continuidad institucional, aunque plantea dos prioridades: rejuvenecer la entidad y recuperar su presencia en la vida política desde el compromiso evangélico.

Continuidad, escucha y renovación generacional

Masip considera que la etapa de Alfonso Bullón de Mendoza fue «muy fructífera» y sostiene que, al hacer balance, los aciertos pesan mucho más que los errores. No obstante, afirma que prefiere que los posibles defectos sean señalados desde fuera y subraya su intención de escuchar a los miembros de la asociación para identificar aquello que debe corregirse.

Uno de sus principales objetivos será incorporar a los jóvenes de forma real a la vida de la ACdP. En este sentido, recuerda que el cardenal Ángel Herrera Oria, fundador de la obra en 1908, tenía apenas 22 o 23 años. Masip rechaza la idea de crear espacios separados para los jóvenes, como las secciones juveniles de partidos o sindicatos, y defiende su integración con el resto de generaciones.

Como ejemplo, cita su experiencia al frente de Católicos y Vida Pública junto a María San Gil, cuando propuso unir los congresos juveniles y generales. A su juicio, los jóvenes se enriquecen al convivir con ministros y académicos, mientras que aportan una capacidad de impulso indispensable.

El Evangelio en la política, sin partidismo

El nuevo presidente quiere también recuperar la presencia de la asociación en la política, aunque aclara que no pretende que la ACdP haga política partidista. Su propósito es trasladar el mensaje del Evangelio a la vida pública, como, según explica, ha hecho la entidad desde su creación durante la República, el franquismo y la Transición.

Masip recuerda que en el primer Gobierno de Adolfo Suárez la ACdP era el movimiento con mayor porcentaje de ministros, aunque muchos de ellos eran identificados públicamente con otras organizaciones católicas. Insiste, sin embargo, en que la asociación no debe adscribirse a ninguna sigla política.

Ante la vinculación de la ACdP con posiciones conservadoras o con el término «ultracatólicos», Masip lamenta que se la relacione con una opción partidista concreta. Defiende que cada miembro pueda desarrollar libremente sus propias ideas políticas, pero recalca que la institución no marca la línea política de nadie, sino que promueve el compromiso evangélico.

La llamada a votar y al consenso

En un contexto electoral, Masip afirma que «lo primero» es que el católico vote y que lo haga en conciencia, conforme a sus convicciones. Al Gobierno actual y al que resulte de las urnas les reclama diálogo y consenso.

A su juicio, se ha perdido buena parte del espíritu de la Transición y de la capacidad de acuerdo entre formaciones con profundas discrepancias. Identifica la falta de entendimiento sobre las prioridades sociales como el principal defecto de la política actual, especialmente ante una juventud que, según señala, no encuentra respuestas en las instituciones.

Una asociación reducida con amplia proyección

La ACdP cuenta con unos 400 miembros, pero su actividad se extiende a cuatro universidades, alrededor de una decena de colegios, colegios mayores y medios de comunicación. Masip sostiene que la organización nunca ha buscado crecer en número, sino priorizar la calidad y el servicio a la presencia pública.

Las instituciones educativas vinculadas a la asociación reúnen a unos 50.000 alumnos. Para Masip, si reciben una buena formación, podrán convertirse en propagandistas en la sociedad sin necesidad de pertenecer formalmente a la entidad. Define como propagandista a cualquier hombre o mujer que lleve la palabra de Dios a la vida pública y no oculte su condición católica.

También plantea la necesidad de pensar en la dimensión europea, dado que estima que cerca del 90% de las decisiones políticas proceden de Europa. En ese sentido, se pregunta si Herrera Oria habría impulsado una presencia de la asociación en Bruselas para influir en las normativas que afectan a los ciudadanos.

Defensa de la libertad educativa y de la universidad privada

Sobre la enseñanza concertada y las universidades privadas, Masip defiende la libertad de las familias para elegir el modelo educativo que desean para sus hijos. Considera que poner obstáculos a la enseñanza privada o concertada no supone únicamente atacar a las instituciones, sino restringir el derecho de elección de los ciudadanos.

Asimismo, rechaza el exceso de regulación que, en su opinión, pretende homogeneizar a todas las universidades bajo el modelo de la pública. Asegura que al sistema universitario se le debe exigir calidad, pero no uniformidad. Respecto a la expresión «chiringuitos», empleada para referirse a algunas universidades privadas, acepta que deben evitarse los centros sin nivel adecuado, aunque rechaza cualquier generalización.

La formación de médicos

Masip pone como ejemplo los estudios de Medicina del CEU, presentes en Valencia, Barcelona, Madrid, Castellón y Sevilla. Señala que en España se jubilarán 65.000 médicos en la próxima década y que el relevo no está garantizado.

Según expone, el coste de un alumno de Medicina en la universidad pública se sitúa en unos 18.000 euros por curso, financiados con impuestos, mientras que un médico formado en el CEU no supone coste para la sociedad. Añade que esos estudiantes superan el MIR y terminan trabajando en la sanidad pública igual que los titulados en universidades estatales. Por ello, defiende la universidad pública, pero se opone a la discriminación de la privada.

Convivencia, calidad y modelo universitario

El presidente de la ACdP considera que el crecimiento de alumnos en universidades privadas como el CEU no se explica necesariamente por una pérdida general de calidad de la universidad pública, donde reconoce que existen centros de gran prestigio. Sin embargo, cree que en algunas instituciones públicas se ha deteriorado el clima de convivencia en las aulas.

Afirma que muchas familias realizan importantes sacrificios económicos para matricular a sus hijos en el CEU en busca de rigor y certidumbre. También reclama una mayor flexibilidad regulatoria, comparable a la existente en Estados Unidos, donde es posible crear universidades muy especializadas con una única facultad.

Sobre la identidad de una universidad de inspiración católica, Masip recupera una idea de Herrera Oria: un medio católico debe ser primero un periódico excelente y después católico. A su entender, las universidades deben ofrecer ante todo excelencia académica y formar grandes profesionales, aportando después los valores del humanismo cristiano, como la solidaridad, el amor al prójimo, la ética y el compromiso con el bien común. Precisa que la religión no se impone, sino que se propone mediante el testimonio y los valores.

Críticas a la regulación universitaria

Respecto al retroceso reflejado en el último informe PISA, Masip lo atribuye parcialmente a una menor exigencia de calidad y a un modelo curricular demasiado rígido, que limita la autonomía de los centros para desarrollar proyectos pedagógicos propios. Aun así, pide no dramatizar en exceso y advierte de que los rankings y las evaluaciones pueden contener sesgos. Como muestra de las fortalezas de la formación española, cita la elevada demanda de profesionales sanitarios españoles en Europa.

Por último, sobre la anulación judicial del real decreto de creación y reconocimiento de universidades, recurrido por comunidades autónomas como Baleares y también por el CEU, Masip evita valorar las intenciones políticas del Ejecutivo. No obstante, considera que la norma fue un error porque buscaba uniformar las universidades y reducir su capacidad de diferenciación.

Defiende que, cuando una administración se equivoca, debe rectificar mediante el diálogo. Extiende esta reflexión a otros debates regulatorios, como el de la vivienda, y reclama soluciones basadas en el acuerdo, el rigor técnico y el respeto a los órganos de representación ciudadana, en lugar de insistir en medidas que, a su juicio, limitan la libertad.

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