Crisis operativa en el sistema Cometa
El sistema de seguimiento telemático de órdenes de alejamiento en casos de violencia de género, conocido como Centro Cometa, atraviesa una crisis operativa y judicial. Según informó ABC, durante una reunión celebrada el 21 de mayo de 2025 en la sede de Securitas Seguridad España, en Madrid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, reconoció deficiencias estructurales en las herramientas de control.
En esa cita interna, Redondo afirmó que el sistema basado en la geolocalización «falla en la esencia». La ministra señaló que esta situación no se producía tres o cuatro años antes y manifestó su preocupación por el deterioro de las prestaciones del servicio.
Problemas de geolocalización y posibles manipulaciones
De acuerdo con los extractos sonoros de la reunión difundidos por el citado medio, la titular de Igualdad advirtió de que una geolocalización imprecisa puede abrir espacios para que «el victimario pueda manipular, se pueda abusar». El encuentro contó con la asistencia de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Zulema Altamirano; el CEO de Vodafone España, José Miguel García; la consejera delegada de Securitas, Medora Miranda; además de mandos operativos, técnicos y representantes sindicales.
Los operadores trasladaron un escenario de falsas alarmas, saturación y zonas de sombra en las salas de control. Redondo subrayó que el sistema ha salvado vidas, al permitir proteger a personas portadoras de los dispositivos, pero contrapuso ese resultado a los problemas técnicos detectados.
«Partiendo de que ese objetivo se ha logrado durante este tiempo, vamos a ver qué está pasando», señaló la ministra, quien atribuyó la situación a una falta de tecnología de geolocalización que permita a las víctimas vivir con tranquilidad y sentirse protegidas.
Incidencias tras el cambio de adjudicatario
Los problemas del Centro Cometa se intensificaron después de que el contrato pasara a manos de Vodafone y Securitas. Según la información publicada, un volcado defectuoso de datos y deficiencias durante la migración de información provocaron la desaparición temporal de registros de localización de agresores.
Entre las anomalías registradas figuraban la congelación de coordenadas, pérdidas de señal y una reducción de la autonomía de las baterías de los dispositivos, por debajo de lo previsto en los pliegos.
Posteriormente, a partir de septiembre y octubre de 2025, Ana Redondo defendió públicamente el funcionamiento del sistema Cometa en intervenciones ante el Senado, el Congreso y los medios de comunicación. En esas comparecencias sostuvo que las incidencias eran puntuales, que el sistema funcionaba con normalidad y que ninguna mujer protegida con estos dispositivos había sido asesinada. En ese periodo reconoció por primera vez la existencia de «incidencias técnicas» puntuales.
Consecuencias judiciales y alertas institucionales
La Fiscalía General del Estado advirtió en su memoria anual de que la desaparición de pruebas de geolocalización impidió acreditar numerosos quebrantamientos de condena. Esta circunstancia derivó en sobreseimientos provisionales y sentencias absolutorias para varios maltratadores.
Además, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) remitió al Ministerio de Igualdad alertas trasladadas por presidentes de audiencias provinciales ante el riesgo para la seguridad de las mujeres protegidas.
Investigación sobre fondos comunitarios
La crisis también adquirió dimensión europea al detectarse que parte de los contratos para adquirir los dispositivos, tramitados por urgencia, se financiaron con fondos comunitarios del Plan de Recuperación. El Tribunal de Cuentas identificó debilidades relevantes en la preparación y ejecución de los pliegos.
Tras ese informe, la Fiscalía Europea (EPPO), con apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, abrió una investigación por un presunto fraude en el uso de fondos comunitarios. La investigación se centra en la eficacia del sistema de protección.
Advertencias sobre las distancias de alejamiento
ABC también publicó que la coordinadora de la Sala Cometa alertó por escrito en marzo de 2024 de que un perímetro establecido por un juzgado dejaba desprotegida a una víctima y de que no conseguían contactar con ella. Como respuesta, una alto cargo del Ministerio de Igualdad escribió: «Hay que instalarlo. Ellos deciden la distancia».
El departamento dirigido por Ana Redondo autorizó así la instalación de un dispositivo de control con un radio de apenas cien metros, pese a la advertencia de los responsables técnicos. Dos años después, Igualdad alertó de que las órdenes de alejamiento inferiores a 350 metros dificultan la protección de las víctimas de violencia machista.
El 20 de febrero de 2026, fuentes del área indicaron que pedirían por carta al CGPJ y a la Fiscalía medidas para garantizar la efectividad del Sistema Cometa. Un caso ocurrido en Ibiza, en el que una mujer resultó herida por su pareja, volvió a situar esta cuestión en el foco, aunque las comunicaciones difundidas por ABC reflejan que la problemática ya era conocida por el Ministerio en marzo de 2024.















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