El supuesto pago de un tratamiento oncológico a Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, implica, según cuatro fuentes del Ministerio de Transportes consultadas por ABC, a los tres titulares que han dirigido el departamento durante el Gobierno de Pedro Sánchez: José Luis Ábalos, Raquel Sánchez y Óscar Puente.
Las fuentes sostienen que los tres conocían los hechos y los ocultaron. Ábalos ha negado rotundamente estas acusaciones desde prisión. En el caso de Puente, aseguran que fue informado por un testigo directo pocos meses después de asumir el cargo, en noviembre de 2023.
Una factura de 13.000 euros y tres responsables en el Ministerio
De acuerdo con estas fuentes, tres personas que participaron en la tramitación administrativa de una factura de 13.000 euros permanecían en el Ministerio cuando Puente llegó al departamento: el jefe de gabinete de Raquel Sánchez, Ricardo Mar; el subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez; y la entonces jefa del gabinete técnico de la Subsecretaría, Belén Villar.
Las mismas fuentes mantienen que el pago se articuló mediante un contrato sanitario que habría servido para encubrir gastos de un tratamiento de inmunoterapia. Ricardo Mar confirmó a ABC que existía la factura y que fue él quien la firmó. Sin embargo, afirmó que actuó por indicación de Gómez y Villar, a quienes atribuye la supervisión de los gastos de personal, tras las reclamaciones de impago del doctor Ignacio Palomo y de sus colaboradores en la clínica Arpa Médica.
Tensiones internas por los pagos
El asunto habría provocado fricciones entre los responsables ministeriales. Según las fuentes citadas, Belén Villar recriminó a Ricardo Mar que se hubieran cargado al gabinete de Ábalos pagos mensuales de 6.000 euros hasta la llegada de Raquel Sánchez. Esos desembolsos, que generaron sospechas, habrían sido supervisados y validados por Villar y por el subsecretario.
Las fuentes señalan que Puente tuvo conocimiento de estas tensiones al incorporarse a Transportes. Tras recibir información sobre las presuntas irregularidades, habría indicado que tomaba nota y habría consultado a los implicados acerca de una cuestión que, según esas versiones, había quedado ordenada y sin rastro durante la etapa de su predecesora.
La auditoría sobre los contratos de mascarillas
La factura de 13.000 euros no apareció en la auditoría encargada por Puente después de las detenciones de Koldo García y Víctor de Aldama. El 27 de febrero de 2024, cuando llevaba cerca de tres meses al frente del Ministerio, Puente ordenó a la Inspección General de Transportes revisar los dos contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia a Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL, empresa vinculada a Aldama, a través de Adif y Puertos del Estado.
La comunicación oficial del Ministerio señalaba entonces que se estaba recabando información para esclarecer todos los detalles y que el Gobierno actuaría con ejemplaridad ante cualquier posible caso de corrupción. También destacaba la neutralidad e independencia del órgano inspector.
Ese organismo estaba dirigido por Belén Villar, nombrada directora general de Organización e Inspección en febrero de 2022. Esa fecha coincide con las primeras reclamaciones de pago formuladas por Ignacio Palomo por servicios pendientes de abono, según la documentación citada por el diario.
En agosto de 2024 se difundieron los resultados de la auditoría, que detectó irregularidades en la adquisición de mascarillas de 2020 y apuntó directamente a Ábalos. Poco después, Puente destituyó a Jesús Manuel Gómez por pérdida de confianza. Belén Villar continúa al frente del mismo organismo. Consultada por ABC, afirmó que revisaría la documentación existente en el Ministerio.
Versiones discrepantes sobre el tratamiento y la factura
El diario recoge diferencias entre lo manifestado por las fuentes de Transportes y la versión ofrecida por Ignacio Palomo. El médico sostiene que el tratamiento de inmunoterapia de Carolina Perles se realizó en la sanidad pública, en el Hospital de La Princesa, y que su trabajo consistió únicamente en efectuar PCR a miembros del Gobierno, escoltas y equipos, en ocasiones en domicilios particulares.
Palomo afirma que jamás participó en ninguna irregularidad relacionada con Ábalos y Koldo. Carolina Perles, por su parte, confirma que el ginecólogo y propietario de Arpa Médica la acompañó de manera altruista y gratuita a sus citas médicas, y que le presentó al cirujano que la operó del cáncer de pulmón que padecía en mayo de 2021.
Sin embargo, en un correo electrónico intercambiado entre Transportes y Arpa Médica en junio de 2021, al que tuvo acceso ABC, figura un desglose que incluye un test de septina, una prueba analítica para detectar cáncer, además de una analítica de sangre, un electrocardiograma, pruebas PCR y test de antígenos. Un mes después se interrumpieron las comunicaciones entre los responsables de Transportes y la clínica, y no se produjo ningún nuevo pago hasta la factura de 13.000 euros.
Importes y conceptos que no coinciden
También existen diferencias respecto al importe y el concepto del abono. El último pago a Arpa Médica ascendió a 4.500 euros, mientras que la cantidad reclamada a Transportes era de 13.000 euros. Las fuentes consultadas indican que el pago se estructuró jurídicamente como un contrato para realizar PCR, aunque la factura de Arpa Médica se refiere a pruebas Covid-19.
Según esas fuentes, en 2022 ya no se realizaban PCR de forma habitual, puesto que habían dejado de hacerse en 2021 salvo para ministros, sus equipos y responsables de Seguridad durante los viajes. Arpa Médica sostiene que se trataba de servicios ya prestados que se abonaban con un retraso de aproximadamente un año y medio.
Problemas al registrar la factura
Para las fuentes de Transportes, el descuadre contable alimentó la sospecha de que se habría elaborado un contrato sanitario ficticio para ocultar los gastos de inmunoterapia de Carolina Perles. Según su versión, esta información habría sido trasladada a los dos ministros que precedieron a Puente y a varios de sus colaboradores.
La orden de pago se emitió en diciembre de 2022, casi un año después de que Arpa Médica presentara la factura ante el Ministerio, en febrero de ese año. Durante ese periodo, la clínica reclamó reiteradamente el abono de los servicios.
Uno de los correos consultados por el diario indica que, al cargar el documento en el sistema, la factura daba problemas. La primera orden de pago tuvo que ser anulada y modificada, con una reducción de 700 euros. El importe final, de 4.940 euros, figuraba bajo el concepto de pruebas Covid-19, sin especificar el número de test realizados.
















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