Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves el Proyecto de Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, una norma que reemplazará la legislación vigente desde 2011. El texto adapta la regulación a la evolución del ocio, los macroeventos, las actividades multitudinarias y los procesos de digitalización y simplificación administrativa.
La iniciativa ha recibido el respaldo del PSOE, mientras que PP y Vox se han abstenido. El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, fue el encargado de presentar la ley y mostró su disposición a lograr el apoyo de los populares.
Ruiz Molina recordó al diputado del PP Santiago Serrano que el Gobierno regional había aceptado el 70% de sus enmiendas. Sin embargo, el Grupo Popular optó por la abstención al considerar que el texto conserva aspectos con «margen de mejora» y algunos puntos que generan «incertidumbres».
El consejero atribuyó esta decisión a «las instrucciones de Génova» y afirmó que el PP no puede respaldar «un texto socialista». Asimismo, defendió que se trata de una ley «bien hecha», necesaria para actualizar una normativa de 15 años y para ofrecer cobertura a actividades que hasta ahora no disponían de regulación específica, especialmente las celebradas en espacios abiertos.
Regulación de actividades al aire libre y nuevos motivos de suspensión
Entre las novedades principales, la norma amplía su ámbito de aplicación a los espectáculos públicos y actividades recreativas en espacios abiertos. También actualiza las circunstancias que pueden llevar a prohibir o suspender estos eventos.
Entre dichas causas se encuentran las situaciones que afecten a la protección de la infancia y la adolescencia; las concentraciones en espacios públicos sin título habilitante que puedan alterar el orden o comprometer la seguridad; y las actividades desarrolladas en el medio natural en periodos de peligro alto o extremo de incendios forestales.
Declaración responsable y autorizaciones previas
Con carácter general, la ley establece el sistema de declaración responsable previa para organizar espectáculos y actividades. La autorización administrativa previa quedará reservada para los casos en los que concurran motivos relacionados con la seguridad, el orden público, la salud pública o la protección medioambiental.
La normativa también desarrolla con mayor detalle el control de acceso. El personal que desempeñe estas funciones deberá contar con una habilitación expedida por la Administración regional, tras superar las pruebas que se determinen reglamentariamente.
Inspecciones, sanciones y horarios
El texto incorpora un plan de inspección, regula el decomiso en el marco de los procedimientos sancionadores y revisa las cuantías de las sanciones. Además, modifica el catálogo de espectáculos y actividades recreativas, que pasa a dividirse en doce categorías de actividades recreativas y ocho de espectáculos públicos.
La nueva ley también establece los horarios generales de apertura y finalización de estas actividades para las temporadas de verano e invierno.
El PP reclama mayor seguridad jurídica para la tauromaquia
Santiago Serrano explicó que la abstención del PP responde a las dudas que su grupo mantiene sobre varios aspectos de la norma y a que parte de sus propuestas no fue incorporada al texto final. De las 48 enmiendas presentadas por los populares, se aceptaron 27.
El diputado sostuvo que el Grupo Popular no comparte íntegramente el contenido de la ley. Según señaló, sus enmiendas buscaban mejorar la calidad técnica del texto, reforzar la seguridad jurídica, facilitar su aplicación por las administraciones y equilibrar la protección del interés general con la eliminación de cargas administrativas.
Serrano también manifestó inquietud por las consecuencias que la regulación pueda tener para el sector taurino y para el acceso de menores a estos espectáculos. Por ello, pidió claridad en la aplicación de la normativa autonómica y estatal para evitar incertidumbres que afecten al desarrollo habitual de los festejos taurinos.
El diputado indicó que la ley no prohíbe expresamente la entrada de menores a los festejos taurinos, pero afirmó que el PSOE y los ocho diputados de Emiliano García-Page en el Congreso pretenden modificar la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y la Adolescencia para introducir esa prohibición.
Vox pide respuesta rápida ante las fiestas ilegales
Por parte de Vox, el diputado Francisco Cobo defendió el principio de «menos burocracia donde sobra y más protección donde hace falta». En su opinión, no todas las actividades deben someterse al mismo grado de intervención administrativa: la autorización debe aplicarse cuando exista un riesgo que lo justifique y la declaración responsable cuando sea suficiente.
Cobo también reclamó instrumentos jurídicos que permitan a las administraciones y a las fuerzas de seguridad intervenir con rapidez ante las fiestas ilegales o «raves clandestinas», especialmente cuando se celebran en espacios rurales o naturales.
Asimismo, defendió que los menores puedan asistir como espectadores a los espectáculos taurinos y distinguió entre la participación activa en un festejo y la presencia como público.
En una segunda intervención, Ruiz Molina explicó que el Ejecutivo autonómico aceptó tres de las 24 enmiendas de Vox. El resto fueron rechazadas porque, según el consejero, algunas planteaban posiciones ideológicas incompatibles con principios recogidos en la ley, como la igualdad, la protección de la infancia y la no discriminación.
El consejero también criticó el acercamiento entre PP y Vox, al considerar que ambas formaciones están cada vez «más compenetradas», e ironizó sobre los «abrazos» entre los dos partidos en asuntos políticos, que podrían «perjudicar al PP».








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