Detienen al fiscal general de Bolivia, Róger Mariaca, en una operación por presunto blanqueo y narcotráfico

Detienen al fiscal general de Bolivia, Róger Mariaca, en una operación por presunto blanqueo y narcotráfico

El fiscal general del Estado Plurinacional de Bolivia, Róger Mariaca, y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fueron detenidos el miércoles por la noche en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, en el marco de una investigación por presunto blanqueo de activos y tráfico de drogas.

Ambos habían arribado desde Sucre y, de acuerdo con fuentes policiales citadas por medios locales, estaba previsto su traslado a La Paz.

Restricciones de visado anunciadas por Estados Unidos

La aprehensión de Mariaca ocurrió menos de 72 horas después de que Estados Unidos comunicara restricciones de visado contra varias autoridades bolivianas. Washington acusó al fiscal general de haber pedido y recibido sobornos para favorecer actividades relacionadas con el narcotráfico y ayudar a personas investigadas a evadir la justicia.

Mariaca y Zeballos figuraban entre los funcionarios bolivianos alcanzados por esas medidas. El fiscal general rechazó los señalamientos y aseguró que respondían a una presión política vinculada con causas promovidas por el Ministerio Público, entre ellas la investigación contra el consultor argentino Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Rodrigo Paz.

El Gobierno boliviano informó de que solicitó formalmente a Estados Unidos detalles sobre las pruebas que sostienen las acusaciones contra Mariaca. Hasta ahora, no se ha comunicado públicamente la existencia de una orden internacional de captura ni de una solicitud oficial de extradición.

Más detenciones y operativos en varias ciudades

Tras los arrestos en Viru Viru, se desarrollaron otras operaciones en Santa Cruz, La Paz y Sucre. Según fuentes policiales, en la sede de Gobierno fue detenido el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo.

También se reportó la aprehensión de dos de sus antiguos jefes de gabinete: el capitán Rubén Aparicio Villarroel y el fiscal superior Martín Daniel Irusta, exabogado del expresidente Evo Morales.

En Santa Cruz fue arrestado además Julio César Porras, fiscal coordinador de Sustancias Controladas que participó en las investigaciones contra la estructura de Sebastián Marset. Medios locales también informaron sobre la detención del coronel Ángel Morales, exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, la Felcn.

La relación definitiva de detenidos y su situación jurídica no había sido comunicada oficialmente.

Grabaciones atribuidas a Sebastián Marset

La operación se puso en marcha después de la difusión de un vídeo y un audio atribuidos a Sebastián Marset, narcotraficante uruguayo capturado en Santa Cruz en marzo y posteriormente trasladado a Estados Unidos.

En la grabación audiovisual, Marset aparece sentado en un sofá mientras conversa con un hombre que le pregunta por Mariaca. El uruguayo responde que el fiscal general era su «amigo» y sostiene que supuestamente tenía control sobre la Fiscalía, además de poder facilitarle información.

En otro audio, Marset afirma que conoció a Del Castillo mediante un policía al que llama «Aparicio». También declara que entregaba una mensualidad a cambio de desarrollar sus actividades sin ser molestado y asegura que pagó 500.000 dólares para permanecer en Bolivia.

Intervención en la Fiscalía General del Estado

Después de las detenciones en el aeropuerto, agentes del Centro Especial de Investigación Policial ingresaron en la sede de la Fiscalía General del Estado, en Sucre. Funcionarios del Ministerio Público denunciaron que la intervención se produjo cuando se preparaba una rueda de prensa sobre el arresto de Mariaca.

En una transmisión en directo, afirmaron que los policías inicialmente no exhibieron una orden de aprehensión ni documentación que explicara la causa del operativo. Los trabajadores señalaron que se les comunicó que estaban aprehendidos y que serían trasladados a dependencias de la Felcn.

Denuncias de vulneración de derechos

Los funcionarios también denunciaron restricciones para el acceso de periodistas y familiares al edificio. Desde la Fiscalía calificaron la detención de Mariaca como un «secuestro» y denunciaron una presunta vulneración de derechos humanos.

En las instalaciones del Ministerio Público de La Paz y Santa Cruz también se registró presencia policial. El comandante departamental paceño aseguró que los efectivos tenían la instrucción de resguardar el inmueble y negó que se hubieran producido arrestos en su interior.

Defensa de Mariaca y situación de la investigación

El abogado Romel Ipamo, contactado para defender a la familia de Mariaca, manifestó que la detención provocó sorpresa y preocupación entre sus allegados. Indicó que la familia colaborará con las investigaciones, aunque pidió que se respeten el debido proceso y los derechos fundamentales.

Ipamo afirmó que, hasta ese momento, no había visto una orden de detención ni otro documento jurídico que justificara el arresto del fiscal general. Asimismo, solicitó prudencia para no perjudicar el desarrollo de la investigación.

Ese mismo miércoles, la Fiscalía había rechazado una versión que atribuía a Mariaca una reunión con Marset antes de la extradición del narcotraficante a Estados Unidos. La institución exigió la presentación de pruebas y recordó que, según la versión del propio fiscal, el Ministerio Público no intervino en la captura de Marset.

Durante la noche circuló además la versión de que algunos detenidos podrían ser trasladados a Estados Unidos, incluso a través de una ruta con escala en Lima. Esta información no fue confirmada oficialmente.

La investigación abre una nueva etapa en el caso Marset en Bolivia, que inicialmente se centraba en la organización criminal del narcotraficante uruguayo y que ahora alcanza a la máxima autoridad del Ministerio Público, un exministro de Gobierno, fiscales y policías vinculados a la lucha contra el narcotráfico.

Las autoridades deberán precisar qué delitos se atribuyen a cada persona detenida, qué órdenes respaldaron los operativos y qué valor probatorio tendrán las declaraciones y grabaciones difundidas. Mientras tanto, varias oficinas del Ministerio Público continúan bajo resguardo policial.

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