ABC Territorio Futuro abrió su ciclo de encuentros como un espacio destinado al diálogo, la cooperación entre territorios y la difusión de proyectos estratégicos. La iniciativa aborda las políticas públicas, las inversiones y las decisiones que influirán en el desarrollo regional y la competitividad de España durante los próximos años, en esta ocasión con el respaldo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Junta de Extremadura y la Región de Murcia.
Infraestructuras y Ciudad: demandas de cooperación y equilibrio territorial
La primera jornada, titulada ‘Infraestructuras y Ciudad’, fue moderada por José María Camarero, redactor de Economía de ABC. En ella participaron Ignacio Hernando Serrano, consejero de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; Francisco José Ramírez González, consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura; y Jorge García Montoro, consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Región de Murcia.
Durante una hora, los responsables autonómicos analizaron el papel de las infraestructuras, desde las redes de transporte hasta la vivienda, como elementos decisivos para la economía y la sociedad.
Falta de interlocución con el Gobierno
Los tres consejeros coincidieron en denunciar una falta de interlocución con el Gobierno central respecto a sus demandas. Ignacio Hernando Serrano recordó que los fondos europeos fueron fundamentales para construir infraestructuras durante los años noventa y la primera década de este siglo, pero señaló que actualmente, cuando se requiere su mantenimiento, se están padeciendo las consecuencias.
También sostuvo que, aunque la Sanidad y la Educación son objetivos principales de los presupuestos, las infraestructuras constituyen un vector transversal para el desarrollo. En este ámbito incluyó la necesidad de resolver el acceso a la red eléctrica, determinante para nuevos desarrollos industriales y para la construcción de vivienda.
El consejero castellano-manchego reclamó una distribución más equitativa de la financiación autonómica. «Se blindan privilegios de los que más tienen, cuando la Constitución estipula que los impuestos se destinan a cada persona, sin tener en cuenta dónde ha nacido», afirmó. Asimismo, defendió que Castilla-La Mancha reciba más de los 55 céntimos de euro para contar con mayores posibilidades de gestión y señaló que «se suele atender más al oleaje que a las corrientes de fondo».
Reivindicaciones de Extremadura y Murcia
Francisco José Ramírez González reclamó un acuerdo bilateral entre España y Portugal para construir el puente internacional sobre el río Erjas, además de avanzar en la conexión de la EX-A1 con la IC31 y en la autovía entre Cáceres y Badajoz, las dos únicas ciudades españolas de comunidad autónoma que no están unidas por autovía.
El consejero extremeño apeló al artículo 2 de la Constitución Española y a su principio de solidaridad para que el Gobierno planifique con las comunidades autónomas un reequilibrio de las infraestructuras que garantice la igualdad de oportunidades, sin «servidumbres ni peajes». Ramírez González subrayó la necesidad de alzar la voz por una cuestión de justicia, especialmente en la España rural.
Por su parte, Jorge García Montoro aseguró que la Región de Murcia es la comunidad autónoma peor financiada de España, una situación que, según indicó, limita la financiación de servicios públicos fundamentales, como las infraestructuras. Citó al presidente regional, Fernando López Miras, al definirlas como «las arterias por las que discurren las oportunidades».
García Montoro enumeró entre las necesidades pendientes la suspensión de servicios de cercanías entre Murcia y Lorca-Águilas, la falta de un corredor ferroviario desde Cartagena hacia Albacete y Madrid, la ausencia de un anillo de circunvalación para Murcia —séptima ciudad española por población— y la llegada del AVE, para la que afirmó que no existe proyecto pese al impacto que tendría sobre las mercancías del Corredor Mediterráneo.
También se refirió al corte del trasvase del Tajo y a la falta de infraestructuras estatales para contener inundaciones. A su juicio, la forma más eficaz de reducir el riesgo es construir infraestructuras hidráulicas, ya que «el agua no la paran los papeles sino las obras de defensa de interés general».
La vivienda y el acceso a la red eléctrica
Sobre la situación de la vivienda, Ignacio Hernando Serrano advirtió de la falta de capacidad en la red eléctrica. Según expuso, hoy podrían existir 350.000 viviendas en construcción si hubieran obtenido autorización para conectarse a la red, pero el 90% de los proyectos está siendo denegado por insuficiencia de capacidad eléctrica en España.
El consejero reconoció las limitaciones planteadas por la Comisión Europea para que estas inversiones no repercutan en la factura de los consumidores, aunque defendió la búsqueda de soluciones mediante el diálogo. También reclamó un Pacto de Estado en materia de vivienda y consideró que se deben priorizar las soluciones frente a la búsqueda de culpables.
Hernando Serrano señaló que, en las iniciativas de vivienda de Castilla-La Mancha, se ha negociado con PP y Vox para evitar enmiendas a la totalidad y debatir las parciales. En su opinión, no caben los «cordones sanitarios» en un asunto tan esencial.
Además, destacó que la Comisión Europea ya permite destinar fondos europeos a vivienda de alquiler para las clases medias, no solo para las rentas más bajas. En este contexto, comparó los 11.000 millones de euros que Irlanda destina a este apartado con los 1.400 millones del caso español. Respecto al decreto, opinó que se trata de «un torniquete» que beneficia a Sumar e, incluso, supone un nuevo impulso para Podemos.
Críticas a las medidas estatales
Francisco José Ramírez González afirmó que el problema de la vivienda debe abordarse sin simplificaciones y situó la falta de oferta como la principal dificultad. Criticó que las medidas impulsadas por el Gobierno puedan producir el efecto contrario al pretendido, al demonizar a los propietarios como especuladores.
Entre los riesgos mencionó el temor a la regulación, la retirada de viviendas del mercado y el incremento de los precios de alquiler y compraventa. También cuestionó que las comunidades autónomas tengan que subrogarse potenciales problemas de los arrendadores o asumir responsabilidades vinculadas a las «soluciones habitacionales», una decisión que calificó de imposición unilateral: «Yo invito y tú pagas».
Planes autonómicos para ampliar el acceso a la vivienda
Extremadura: Plan de Vivienda 2026-30
El consejero extremeño cerró su intervención detallando las actuaciones de su comunidad. Destacó el Plan de Vivienda 2026-30, dotado con 951 millones de euros, una cantidad que definió como récord entre las comunidades autónomas. El programa contempla ayudas para compra, rehabilitación, construcción y alquiler, entre otros ámbitos.
Ramírez González también resaltó el Plan Habita, con 3.500 viviendas protegidas, así como la reducción de tipos impositivos y de gravámenes vinculados a las transmisiones patrimoniales.
Murcia: vivienda asequible y Aval Joven
Jorge García Montoro puso en valor el Modelo de Vivienda Asequible, protegido mediante decreto ley, que moderniza este concepto y busca evitar una carga excesiva sobre los promotores. El consejero manifestó su rechazo al intervencionismo y señaló que le había preocupado y sorprendido la existencia de dos decretos y dos ruedas de prensa en esta materia.
Asimismo, destacó el Aval Joven Región de Murcia, una medida que, según explicó, fue ideada por el Gobierno regional y posteriormente copiada por el resto de comunidades autónomas. Esta línea, dotada con 30 millones de euros, ha permitido que 1.300 jóvenes de la región accedan a su primera vivienda y seguirá reforzándose para llegar a un mayor número de beneficiarios.
El representante murciano coincidió con Hernando Serrano y Ramírez González en la necesidad de agilizar y simplificar los procedimientos administrativos, además de reducir la presión fiscal. Frente al intervencionismo del Gobierno central, defendió que la Región de Murcia ofrece certidumbre y seguridad jurídica con medidas orientadas a construir más vivienda y eliminar obstáculos burocráticos para facilitar el acceso de jóvenes y familias al hogar.
La primera jornada de ABC Territorio Futuro concluyó con una reivindicación compartida de la solidaridad, el diálogo y la búsqueda de consensos entre administraciones.
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