Investigación sobre financiación europea en infraestructuras
Los fondos europeos vuelven a situarse bajo la atención de los investigadores, en esta ocasión por inversiones en infraestructuras. La causa abierta esta semana por la Fiscalía Europea sobre los contratos para renovar y mejorar el tramo de alta velocidad entre Madrid y Sevilla constituye el segundo procedimiento iniciado por este organismo, que ya había abierto una primera investigación tras el accidente de Adamuz.
Las diligencias se centran específicamente en el destino de los dos tipos de ayudas europeas concedidas para las obras: los fondos Feder y los fondos Next Generation.
Diferencias entre los fondos Feder y Next Generation
Fondos Feder
Los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder) son instrumentos utilizados por la Unión Europea para disminuir las desigualdades económicas entre territorios. Creados en 1975, permiten financiar iniciativas destinadas al desarrollo regional en áreas como las infraestructuras, la investigación, la digitalización y la eficiencia energética.
Habitualmente, la Unión Europea sufraga una parte del coste de los proyectos y cada Estado miembro aporta el importe restante. Estas ayudas son subvenciones, por lo que España no tiene que devolverlas.
Fondos Next Generation
Los Next Generation, por su parte, son recursos de creación más reciente. Forman parte de un programa extraordinario puesto en marcha en 2020 para amortiguar las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus.
Para financiar este plan, la Comisión Europea emite deuda en nombre de la Unión Europea. A diferencia de los Feder, los Next Generation combinan subvenciones y préstamos. No constituyen, por tanto, una partida ordinaria renovable de manera indefinida: las subvenciones no deben ser reintegradas por el Estado receptor si se cumplen las condiciones establecidas, mientras que los préstamos sí deben devolverse. La deuda emitida para respaldar estas ayudas se cubre mediante el presupuesto europeo.
El ámbito de los Next Generation no se limita a la obra pública. El programa fue diseñado para promover una economía más digital y con menor dependencia de los combustibles fósiles. Por este motivo, los planes nacionales contemplan inversiones y reformas relacionadas con la energía, el transporte, la modernización empresarial y la recuperación económica.
Su herramienta principal es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que en España se desarrolla mediante el Plan de Recuperación. Los desembolsos están condicionados al cumplimiento de las reformas e inversiones acordadas con Bruselas, articuladas a través de hitos y objetivos.
Contratos por más de 136 millones de euros
La página web de Adif incluye un comunicado de septiembre de 2021 en el que se informó de la adjudicación de tres contratos para el tramo de alta velocidad Madrid-Sevilla por un importe superior a 136 millones de euros. Las actuaciones tenían como finalidad implantar el sistema ERTMS y renovar las instalaciones.
En aquel anuncio, el gestor ferroviario señaló que las obras de renovación de las instalaciones de seguridad y de los circuitos de vía se financiarían con fondos Next Generation. Adif diferenció estas intervenciones de la renovación de los desvíos, los elementos que permiten a los trenes cambiar de una vía a otra. Para estos trabajos, indicó que podrían recibir cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, es decir, de los fondos Feder.
La modernización del corredor concentraba así inversiones sostenidas por distintos instrumentos europeos, con requisitos propios en cada caso.
Controles sobre el uso de los recursos europeos
El origen europeo de la financiación permite la actuación de la Fiscalía Europea, cuya función comprende la investigación de delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea. Su competencia abarca, por tanto, tanto las posibles irregularidades penales vinculadas a los fondos Feder como las relacionadas con los Next Generation.
La concesión de estas ayudas no libera a las administraciones receptoras de controles. Según detalla la Comisión Europea, los fondos deben aplicarse a las actuaciones previstas y su utilización queda sometida a mecanismos de supervisión y auditoría.
Cuando se detectan irregularidades, la financiación comunitaria puede reducirse y las cantidades ya abonadas pueden ser reclamadas. Alcanzar los objetivos previstos en una inversión no elimina la obligación de prevenir el fraude, la corrupción o los conflictos de intereses en la contratación.
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