La Fiscalía Europea examina el uso de 86 millones de fondos de la UE en la línea AVE Madrid-Sevilla

La Fiscalía Europea examina el uso de 86 millones de fondos de la UE en la línea AVE Madrid-Sevilla

Investigación sobre fondos europeos y contratos ferroviarios

La Fiscalía Europea investiga el destino de 86 millones de euros de fondos comunitarios destinados a distintas actuaciones de renovación en la línea de AVE Madrid-Sevilla, según fuentes próximas al caso citadas por ABC. Las diligencias buscan determinar, en primer lugar, si los recursos se emplearon en los trabajos previstos y, posteriormente, si las empresas adjudicatarias ejecutaron las obras contratadas.

Los accidentes ferroviarios de Urda (Toledo) y Adamuz (Córdoba), que suman 115 víctimas mortales, constituyen el origen de estas investigaciones. La tragedia más reciente, ocurrida en Toledo y con 69 fallecidos, ha dado lugar a una nueva diligencia de la Fiscalía Europea, que ya investigaba el siniestro de Adamuz de enero, en el que murieron 46 personas.

Las dudas sobre la red de Transportes se han acrecentado tras la presencia de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Adif durante dos jornadas consecutivas, en el marco de distintas investigaciones judiciales.

Requerimientos de información a Adif y otros organismos

A raíz de un requerimiento de la Fiscalía Europea, agentes de la Guardia Civil acudieron este viernes a las instalaciones de Adif, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria. La actuación responde a sospechas de irregularidades relacionadas con las empresas adjudicatarias del mantenimiento de la línea Madrid-Sevilla.

De acuerdo con una nota oficial de Transportes, el contrato para migrar el sistema LZB al nuevo ERTMS disponía de un presupuesto de 136 millones de euros y un plazo de ejecución de 52 meses, por lo que debía haber finalizado en enero de 2026.

La obra fue adjudicada a Thales España GRP por 93,8 millones de euros. El encargo incluía la transición del sistema de protección de tren LZB al ERTMS en toda la línea, el conjunto de enclavamientos y el ramal La Sagra-Toledo. La licitación también contemplaba una segunda adjudicación de 21 millones de euros para renovar los circuitos de vía, encargada a una UTE formada por Grupo Azvi, Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania y Ferrovial Construcción.

Situación del Grupo Azvi

El Grupo Azvi no figura formalmente investigado por las presuntas irregularidades y amaños de obra pública que analiza el juez Ismael Moreno y que motivaron los nuevos oficios de la UCO el jueves. En un comunicado, la empresa de Ángel Contreras expresó su «absoluta tranquilidad» ante los registros realizados en su sede de Sevilla.

Según consta en el sumario de la causa, esta constructora pagó 6.000 euros mensuales a Koldo García después de que este abandonara el Gobierno. El exasesor ministerial está imputado por el presunto amaño de contratos de obra pública y el cobro de comisiones derivadas de sus gestiones, al igual que los ex secretarios de Organización Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

Fondos Feder y Next Generation bajo revisión

Fuentes jurídicas consultadas por ABC señalan que el operativo se inició el martes y que la Fiscalía comunicó su desarrollo debido al «gran interés público» del asunto. La institución indicó que los requerimientos se producen tras abrir una investigación sobre un posible fraude que afectaría a fondos europeos destinados a renovar y mejorar la seguridad, la señalización y las comunicaciones de la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, escenario del accidente del 28 de octubre de 2026.

La Fiscalía Europea examina un total de 86 millones de euros. La renovación de desvíos contó con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), mientras que la sustitución de instalaciones de seguridad se sufragó con fondos Next Generation. Las fuentes de la investigación apuntan a que la Unión Europea pretende comprobar que los recursos fueron destinados al objeto concreto de las obras, para lo que ha solicitado información técnica que será contrastada con los datos de las autoridades comunitarias.

Renovación de 63 desvíos en la línea

Uno de los contratos investigados se remonta al 16 de marzo de 2020, pocos días después del inicio de la pandemia de coronavirus. Ese día, el Consejo de Ministros autorizó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de Adif Alta Velocidad (Adif AV), a licitar el contrato de ejecución de las obras de renovación de desvíos en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en su fase 1.

El contrato tenía un plazo de ejecución de 15 meses y un valor estimado de 49.449.155,20 euros sin IVA. De esa cantidad, 18.077.132,87 euros sin IVA correspondían a la licitación de las obras y 31.372.022,33 euros sin IVA a los suministros necesarios.

Las actuaciones incluían la sustitución de 63 desvíos, de los 319 aparatos de vía existentes en la línea, en distintos puntos de las provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Córdoba y Sevilla. Urda era una de las localizaciones previstas para estas intervenciones.

El Gobierno defendió que estas obras formaban parte de la mejora integral de la LAV Madrid-Sevilla y contribuían al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 9, centrado en la industria, la innovación y la infraestructura. La actuación iba a ser cofinanciada por Feder mediante el Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020, dentro del Objetivo Temático 7 de transporte sostenible.

Documentación técnica para las dos investigaciones

Para obtener información sobre las obras bajo sospecha, se solicitó documentación técnica a Juan Antonio Delgado, responsable de instalaciones, según fuentes de la compañía citadas por ABC. Delgado figura, junto a otros responsables de Adif, en un documento de julio de 2021 que avaló una oferta de Thales sobre sistemas de señalización y seguridad ERTMS vinculada a la línea de Urda. Su cargo oficial es el de subdirector de Instalaciones de Adif y Adif Alta Velocidad.

La documentación recopilada por la UCO en Adif será incorporada a las dos investigaciones europeas abiertas por los accidentes de Adamuz y Urda. El siguiente paso será analizar los datos para verificar que cada euro invertido se destinó al material y a los fines establecidos en los contratos.

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