Kissy Chandiramani Ramesh (Ceuta, 1979), vicepresidenta segunda y consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital de la Ciudad Autónoma, denuncia que Ceuta vive una situación de extrema presión tras la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos. La dirigente sostiene que la respuesta del Gobierno central ha sido insuficiente y asegura que la ciudad afronta una crisis que afecta a su seguridad, su economía y la vida cotidiana de sus más de 83.000 habitantes.
Chandiramani admite sentir frustración por no poder responder con mayor rapidez a las necesidades de los ciudadanos y cansancio después de que el Ejecutivo ceutí haya permanecido en alerta desde los días 30 y 31 de julio. Según expone, los negocios registran pérdidas cercanas a un millón de euros diarios, mientras la presión demográfica y la limitación de los recursos locales agravan la situación.
El estado de Juan Vivas y la preocupación por Ceuta
Sobre el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, Chandiramani afirma que se ha mantenido profundamente preocupado y comprometido con Ceuta pese a la enfermedad que atraviesa. A su juicio, el sufrimiento del presidente no debe confundirse con una falta de fortaleza.
«No ha dejado de dar la cara por esta ciudad», señala. La vicepresidenta considera que lo más difícil para el Gobierno local es comprobar que los vecinos necesitan soluciones que, en numerosos casos, dependen de otras administraciones. Por ello, defiende que Vivas insiste en evitar que los ceutíes tengan que resignarse a vivir con menor tranquilidad, seguridad o libertad.
La seguridad y la libertad de las mujeres ceutíes
La responsable autonómica pone especial énfasis en la situación de las mujeres ceutíes. Considera que sus derechos y libertades no pueden quedar relegados en el relato de la crisis y reivindica el derecho de las mujeres a transitar tranquilamente por la ciudad, acudir a sus trabajos, disfrutar de sus barrios y permitir que sus hijas se desenvuelvan con libertad.
Chandiramani advierte de que, cuando el miedo condiciona horarios, itinerarios o la decisión de salir sola, se produce una pérdida de libertad. Por ello, rechaza que las mujeres tengan que acostumbrarse a esa realidad y sostiene que exigir seguridad supone defender sus derechos. En su opinión, corresponde al Estado garantizar esa protección, reforzar la frontera y reclamar a Marruecos responsabilidades por lo sucedido.
La ayuda de 1,3 millones para víctimas de violencia
Respecto a la partida aprobada por el Consejo de Ministros para atender a mujeres víctimas de violencia en Ceuta, Chandiramani precisa que asciende a 1.345.584,83 euros y será destinada a cinco entidades. Los fondos financiarán actuaciones de detección, protección, atención psicológica, acompañamiento y acogida, especialmente dirigidas a mujeres, adolescentes y niñas migrantes.
La vicepresidenta subraya que esta cantidad no constituye una indemnización para las mujeres ceutíes por las consecuencias de la entrada masiva. Por ello, reclama una respuesta específica para quienes han visto alteradas su tranquilidad, autonomía y rutina diaria. También exige conocer cuándo se abonarán las ayudas, qué recursos se activarán y a qué personas llegarán, al entender que la aprobación de una subvención no equivale a una atención efectiva.
La limpieza de playas y las explicaciones pendientes
Ante la aceleración de los trabajos de limpieza en las playas, incluida la del Trampolín, cuando se aproximan las elecciones, Chandiramani considera que quien disponía de las competencias debe explicar por qué no se actuó antes. Recuerda que la urgencia de Ceuta comenzó con la crisis de julio y sostiene que las necesidades de la ciudad no pueden depender del calendario electoral.
Para la consejera, los ceutíes tienen derecho a saber por qué determinadas decisiones se demoraron y qué obstáculos existían previamente. Defiende que los espacios públicos deben ser recuperados para que los ciudadanos puedan utilizarlos con seguridad.
Menores migrantes y capacidad de acogida
Sobre los menores que permanecen en Ceuta, Chandiramani afirma que deben regresar con sus progenitores en Marruecos, con las garantías necesarias y analizando las circunstancias de cada caso. Asegura que su protección requiere impulsar los procedimientos de reunificación familiar y obtener una cooperación efectiva de las autoridades marroquíes.
La vicepresidenta sostiene que Ceuta no puede convertirse en una plataforma permanente para atender a la infancia de Marruecos. Advierte de que la presencia de menores deambulando por las calles perjudica a los propios menores y desborda los servicios locales. En este contexto, pide a su partido y al conjunto de las instituciones que respalden con firmeza esta posición.
También reconoce que una de sus mayores decepciones ha sido comprobar la dificultad para que se entienda la gravedad de la situación. Sin personalizar agravios, señala que su lealtad a Ceuta está por encima de cualquier comodidad partidista y asegura que continuará reclamando comprensión y respuestas donde considere que faltan.
Una crisis que afecta a la vida cotidiana
Chandiramani afirma que desde la Península no siempre se comprende que los ceutíes están hablando de sus hogares, negocios y de su libertad para desarrollar una vida normal. Explica que las familias quieren trabajar, llevar a sus hijos al colegio, cuidar de los mayores y disfrutar de las calles con tranquilidad, como cualquier otra familia española.
Según la vicepresidenta, las dimensiones y limitaciones territoriales de Ceuta impiden exigir a sus habitantes que absorban de forma indefinida las consecuencias de una entrada masiva y que, además, moderen su preocupación. La ciudad reclama, dice, protección, soluciones e igualdad de derechos.
Sin una fecha para el final de la crisis
La dirigente autonómica evita fijar un plazo para resolver la situación, ya que no depende directamente de ella. No obstante, exige un calendario de actuaciones, responsables identificados y resultados verificables. A su juicio, la incertidumbre prolongada perjudica tanto a las familias como a la economía, y las elecciones no resolverán por sí solas la crisis.
Entre sus principales preocupaciones cita la presión sobre los servicios públicos, el daño económico y el desgaste de las familias. Le inquieta, especialmente, que los ciudadanos terminen aceptando como normal limitar su vida por miedo o incertidumbre.
Preguntada por las elecciones de 2027 y por la posibilidad de repetir candidatura junto a Juan Vivas, responde que el Gobierno ceutí no está pensando en los comicios. «Estamos pensando en salir de esta situación y recuperar la vida que teníamos antes de julio», afirma.
Retornos, Marruecos y transparencia
Chandiramani teme que las consecuencias de la entrada masiva se conviertan en una realidad permanente para una ciudad que, según indica, no tiene capacidad para asumirlas. Señala que están en juego la sostenibilidad de los servicios, la recuperación económica y la calidad de vida de los ceutíes.
Por ello, reclama al Gobierno que haga efectivos los retornos a Marruecos que correspondan, con diligencia y respetando las garantías legales. Solicita al Tribunal Supremo que aclare por qué no se culminan los expedientes de devolución y pide que los ciudadanos conozcan qué está impidiendo concluir esos procedimientos.
En cuanto a la relación con Marruecos, la vicepresidenta defiende una buena vecindad basada en el respeto y la reciprocidad. Esto incluye, según afirma, el reconocimiento inequívoco de la españolidad de Ceuta, el cumplimiento de los compromisos y una colaboración eficaz para prevenir entradas masivas y gestionar sus consecuencias.
Sobre la posibilidad de que un cambio de Gobierno en España revele nueva información, Chandiramani evita presentar sospechas como hechos. Sin embargo, exige transparencia sobre las advertencias existentes, las decisiones adoptadas, las conversaciones mantenidas y los compromisos alcanzados. Confía en que la investigación de la Audiencia Nacional permita esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades que procedan.
Ceuta como frontera española y europea
Para Chandiramani, garantizar la integridad territorial y la seguridad de España es una responsabilidad del Estado, que debe emplear todos los instrumentos a su alcance. Además, reclama que la Unión Europea asuma que Ceuta también constituye su frontera.
Considera que el Vaticano puede expresar preocupación humanitaria y que Bruselas debe cumplir sus obligaciones, pero recalca que la españolidad de Ceuta no está sometida a la aprobación de nadie, tampoco de Rabat. «Ceuta es España», sostiene.
El papel de los medios y la reparación del daño
La vicepresidenta pide que los medios mantengan el foco mientras la situación continúe condicionando la vida de los ceutíes. «Una crisis no termina porque deje de abrir los informativos», afirma. Considera necesario seguir escuchando a los vecinos y comprobar si las administraciones cumplen sus compromisos antes de dar por finalizada su responsabilidad.
La pregunta que, a su juicio, más se ha echado en falta desde julio es quién responderá por los derechos y libertades que los ceutíes han visto condicionados y de qué modo se reparará el daño. Chandiramani reclama protección, explicaciones y soluciones, además de medidas para recuperar la economía, atender el desgaste emocional y evitar que una situación similar vuelva a repetirse.
«Queremos seguir viviendo aquí, trabajando aquí y construyendo nuestro futuro aquí, con la misma libertad y seguridad que cualquier otro español», concluye.
Deja una respuesta