La representación democrática y la soberanía nacional
Los reiterados intentos de Pedro Sánchez de situar a las Cortes Generales por debajo de una supuesta voluntad expresada en la calle resultan cada vez más preocupantes. Esa voluntad coincide, según este planteamiento, de forma exacta con la del propio presidente, incluso a costa de cuestionar la legitimidad del Parlamento. Así ocurrió cuando afirmó la pasada semana que la Cámara «había dado la espalda a la ciudadanía».
Desde la perspectiva de la historia constitucional, esta interpretación entraña importantes consecuencias institucionales. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que proceden los poderes del Estado, pero se ejerce mediante la Constitución y las instituciones que esta configura. Por ello, la voluntad popular no puede utilizarse como una fuente de legitimidad alternativa para eludir al Parlamento.
En una democracia representativa, las Cortes son el instrumento a través del cual los ciudadanos canalizan su voluntad política. La pretensión de que se asemejen a la calle, como si esta pudiera reemplazarlas, omite que la representación institucional de los españoles corresponde exclusivamente a las cámaras elegidas en las urnas.
Una estrategia de deslegitimación institucional
La invocación de una mayoría social abstracta
No se trataría de un simple error conceptual ni de una formulación imprecisa. El planteamiento supondría una transformación peligrosa del discurso democrático: un gobernante que busca alterar el origen de su legitimidad para presentarse como intérprete único de una mayoría social presuntamente superior a la parlamentaria.
Esa mayoría, invocada por Moncloa y sus aliados de izquierda sin someterla a los procedimientos democráticos ordinarios, es descrita como un recurso político para desacreditar cualquier contrapeso. La apelación a un pueblo abstracto, cuya voluntad solo el líder afirma conocer, constituye uno de los mecanismos tradicionales de los autoritarismos.
El papel de la Diputación Permanente
La degradación institucional se intensificaría con la utilización de mecanismos parlamentarios para superar los límites propios de la representación democrática. En este contexto, la intención de recurrir a la Diputación Permanente para aprobar decretos durante la disolución de las Cortes requiere, según este análisis, un examen estricto de su adecuación constitucional y reglamentaria.
Asimismo, el sondeo de GAD3 difundido por ABC reflejaría un rechazo mayoritario al enfoque populista atribuido al jefe del Ejecutivo. De acuerdo con esa encuesta, una amplia mayoría de españoles, incluidos votantes del PSOE, rechaza la modificación del censo asociada a la denominada ley de nietos; critica la gestión de la crisis que afecta a Ceuta desde finales de julio; lamenta la amnistía de Puigdemont pactada con sus lugartenientes; y defiende la liberación de suelo público para reducir el coste de la vivienda y del alquiler.
La calle como espacio de expresión, no de intimidación
El cuestionamiento de las Cortes como poder legislativo se produciría, además, en un contexto de creciente tensión política. Esta estaría alentada desde el entorno del Gobierno mediante la ocupación partidista del espacio público y el impulso de movilizaciones contra la oposición. La amenaza de una huelga general orientada contra la oposición añadiría un componente especialmente inquietante a esa estrategia de presión.
La calle constituye un ámbito legítimo para la expresión ciudadana, pero deja de funcionar como argumento democrático cuando su movilización se pretende emplear como herramienta de intimidación. La retórica que enfrenta al pueblo con sus representantes y retrata a la oposición como un impedimento para la voluntad colectiva remite a dinámicas conocidas de deterioro democrático.
Resulta paradójico que Sánchez, que accedió a la Presidencia mediante una alianza de minorías parlamentarias, invoque ahora una mayoría social no acreditada por los cauces democráticos y pretenda imponerla sobre la mayoría existente en las Cortes. La historia muestra numerosos casos de sistemas aparentemente consolidados que se deterioran cuando el poder reemplaza la ley por una presunta voluntad colectiva de la que se proclama único portavoz.
La voz del pueblo no pertenece a Pedro Sánchez ni a ningún partido. Cuando un Gobierno trata de apropiársela para someter al Parlamento, la apelación a la democracia deja de ser una garantía de libertad y pasa a convertirse en la justificación de un poder sin contrapesos.
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