El Gobierno ha puesto en marcha el procedimiento para aprobar una nueva regulación sobre universidades después de que el Tribunal Supremo anulara el anterior decreto. El objetivo del Ejecutivo es impulsar una norma conocida como «antichiringuitos» antes de las elecciones del 29-N.
Consulta pública para modificar el Real Decreto 640/2021
El Ministerio de Universidades, dirigido por Diana Morant, ha abierto formalmente la consulta pública previa del proyecto de real decreto que modificará el Real Decreto 640/2021. Con esta iniciativa, el departamento cumple el compromiso expresado por Pedro Sánchez tras conocerse la resolución judicial.
El periodo de alegaciones comenzó el 15 de octubre y permanecerá abierto hasta el día 30 de este mes. Esta fase de participación pública no se realizó durante la tramitación de la norma anterior.
El decreto universitario se suma así a otras medidas que el Ejecutivo pretende aprobar en la fase final de la legislatura, entre ellas los decretos relativos a vivienda y al salario mínimo interprofesional (SMI).
La sentencia del Tribunal Supremo
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anuló el anterior real decreto el pasado jueves. El alto tribunal reprochó al Ejecutivo haber alegado una «urgencia insuficientemente justificada» para prescindir de los trámites obligatorios de participación pública en una regulación de esta relevancia.
Tras la sentencia, Sánchez afirmó en redes sociales que el Gobierno respetaba la decisión judicial, pero que continuaría trabajando en una nueva norma. «Acatamos el fallo del Tribunal Supremo, pero no nos cruzamos de brazos. Ya estamos trabajando en una nueva norma para evitar que la universidad se convierta en un negocio», señaló.
La posición del Ejecutivo sobre las universidades privadas
El presidente del Gobierno considera que el sistema universitario público está «bajo asedio» por la «proliferación descontrolada» de campus privados. A su juicio, esta evolución afecta a la calidad educativa y a la igualdad de oportunidades.
Críticas jurídicas a la tramitación acelerada
La intención de aprobar la regulación en unas semanas ha reabierto el debate sobre los plazos y las formas de la actividad legislativa. Especialistas en derecho parlamentario advierten de la paradoja de tramitar con rapidez un texto equivalente después de que el anterior fuera anulado por falta de justificación de urgencia.
Fuentes jurídicas consultadas por el diario califican la operación como un intento de «forzar las costuras del Estado de Derecho» en el último tramo de la legislatura. Pese a ello, el Ministerio acelera los pasos para tratar de blindar el texto frente al sector educativo privado, que ya había expresado críticas al redactado original junto al Consejo de Estado y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Recursos de comunidades y universidades
La sentencia de la semana pasada dio la razón a la Consejería de Educación de Baleares, que había recurrido la regulación. También presentaron recursos la Comunidad de Madrid, Extremadura y Aragón, todas gobernadas por el Partido Popular.
Entre las instituciones universitarias que recurrieron se encuentran el CEU y la Universidad Hespérides, en Canarias. Asimismo, varias instituciones estadounidenses con sede en España solicitaron medidas cautelares, que fueron desestimadas por el Alto Tribunal.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo también estimó el recurso de Master del Conocimiento S.L., en el mismo sentido que el presentado por Baleares: la anulación del decreto por un defecto de forma.
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