Las familias de presos políticos instaladas en el campamento de la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos, cerca de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, ven en el regreso de María Corina Machado una nueva oportunidad para impulsar las excarcelaciones pendientes.
Más de cuatro meses de protesta frente a la Embajada de Estados Unidos
«Tenemos ciento cuarenta y dos días acá», relata Liliana Quintero, quien asegura que los familiares han permanecido en el lugar bajo la lluvia y el sol. Su hermano, José Miguel Quintero, está recluido en El Rodeo I, centro penitenciario del estado Miranda cercano a Caracas, desde 2021.
Desde entonces, Liliana ha presentado solicitudes ante distintas instituciones y organizaciones. «Tengo papeles», afirma. Según cuenta, una boleta emitida en noviembre de 2021 no se tradujo en la liberación de su hermano. En 2023, añade, se abrió otro expediente en su contra por presuntos delitos de terrorismo y financiamiento a la guerrilla. También señala que solicitó una amnistía, pero le fue negada, y que ha acudido a Naciones Unidas y a Foro Penal.
Los familiares comenzaron el campamento la noche del 7 de junio para solicitar mediación estadounidense. Entre sus reclamos están la realización de audiencias, la atención médica y el cumplimiento de órdenes de excarcelación. Mantienen la decisión de no retirar las carpas hasta obtener los resultados que esperan.
El retorno de Machado reaviva la esperanza
El lunes, la vuelta de la dirigente opositora seguía siendo tema de conversación en paradas de autobús y cafeterías de Caracas. El día anterior, una multitud había salido a recibirla en la autopista. La celebración, sin embargo, se mezclaba con la cautela de quienes han aguardado anteriormente cambios que no se concretaron.
Machado anunció su regreso el domingo y, después de cerca de diez meses fuera de Venezuela, apareció en una iglesia de Santa Rosa, en el estado Lara.
Para Liliana Quintero, su llegada ha sido un impulso para las familias. «Nos alimentó de nuevo», expresa. Sobre la convivencia en el campamento, añade: «Nos apoyamos, nos ayudamos, pernoctamos».
Órdenes de excarcelación sin ejecutar
Fanny Lozada denuncia que su hija continúa detenida pese a contar con una boleta de salida u orden judicial de excarcelación. «No sé el motivo o la razón por el cual no me la soltaron», sostiene. También menciona otras boletas que, según la información que ha recibido, no tendrían firma, aunque afirma que no ha conseguido una explicación clara.
«Yo quisiera que la señora María Corina me diera la oportunidad de hablar con ella», dice Lozada. Para ella, el regreso de Machado representa una esperanza renovada, aunque mantiene la incertidumbre sobre la situación de su hija: «Son tantas cosas juntas, tantas informaciones que no nos las dan como tienen que ser».
Según el balance de Foro Penal al 5 de octubre, en Venezuela había 322 presos políticos, de los cuales 170 permanecían sin condena.
Reclamos por familiares detenidos desde 2021 y 2022
Carolina Zapata pide la liberación de su tío, Juan de Jesús Castillo, detenido desde diciembre de 2021. Lo describe como campesino y próximo a la tercera edad. Explica que fue acusado de terrorismo y asociación para delinquir, y rechaza que haya formado parte de un grupo guerrillero.
«Hemos recurrido a todas las instancias, hemos agotado los recursos», señala Zapata. Su demanda ante la representación diplomática es ser escuchada. Con el retorno de Machado, confía en que su tío pueda volver pronto a casa. «Estamos recobrando las fuerzas», afirma.
Por su parte, Gabriela Álvarez, familiar de Gabriel Guerra, camarógrafo que trabajó con el periodista Ramón Centeno, reclama su libertad. Guerra permanece detenido desde 2022 y, según Álvarez, su encarcelamiento está vinculado a un proyecto periodístico sobre el narcotráfico en Venezuela.
Álvarez espera que una negociación permita la liberación de quienes continúan presos y considera que las excarcelaciones prometidas desde enero están ahora «mucho más cerca». También relata que los familiares lograron comunicar a gritos la noticia del retorno de Machado a los detenidos en El Rodeo, quienes, de acuerdo con la información recibida, se emocionaron al conocerla.
Expectativas altas y pedidos de intervención
En el campamento también participa Leonardo Chirinos, quien fue excarcelado a finales de septiembre. «Tengo casi un mes de que salí en libertad», dice. Su hermano, Leandro Chirinos, sigue detenido en el Fuerte Guaicaipuro, recinto militar ubicado en Miranda, donde cumple una condena de 24 años de prisión.
Chirinos atribuye su excarcelación al trabajo de las familias agrupadas en la Alianza y a las conversaciones entre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez y la oposición vinculada al Parlamento elegido en 2015, con respaldo de Estados Unidos.
Rodríguez gobierna desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero. Washington mantiene interlocución con su administración, y los familiares acampan frente a su embajada con la expectativa de que esa influencia contribuya a las liberaciones. Leonardo solicita una intervención «no solamente políticamente, sino en el tema judicial».
Sobre Machado, espera que mantenga conversaciones con Estados Unidos y contribuya a una transición pacífica hacia elecciones. Aclara que no plantea negociar, sino «entablar una conversación». Sus expectativas son «muy altas» y considera que la dirigente debe intervenir no solo por los familiares de presos, sino también por los trabajadores, la educación y otros sectores del país.
Debate sobre la Ley contra el Odio
A finales de septiembre, el diputado chavista Jorge Arreaza, integrante de la comisión de diálogo, reconoció una «aplicación errática» de la Ley contra el Odio, aprobada en 2017. Habló de «abusos de muchos cuerpos de seguridad» y calificó como «inconcebible» la revisión policial de teléfonos para localizar mensajes de odio.
Arreaza defendió, no obstante, la continuidad de la norma al afirmar que había protegido a familias de barrios frente a linchamientos. El Parlamento analiza su reforma y el diputado propuso escuchar también a quienes fueron encarcelados por difundir un mensaje.
Para Fanny Lozada, el regreso de Machado significa «la lucha por nuestros presos políticos». Vincula la liberación de los detenidos con la posibilidad de celebrar elecciones: «Si no hay presos políticos libres, no hay una Venezuela con democracia para poder ejecutar unas elecciones».
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